Una vez realizada la datación de los restos por el laboratorio de radiocarbono (LATYR) del Centro de Investigaciones Geológicas y determinado que el rango cronológico para los mismos se ubica entre los años 385 a.C. al 112 a.C. y tratándose entonces de restos arqueológicos, la Secretaría de Cultura, como autoridad de aplicación de la Ley N°3104 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, da intervención a las comunidades indígenas a través del Consejo de Lonkos.

Como resultado de la consulta y de esa reunión, las comunidades solicitan que los restos que fueron retirados para su fechado sean restituidos y que a partir de ello, se arbitren los medios para proteger el sitio y permitir que los ancestros sigan su descanso donde fueron enterrados por sus contemporáneos.

La Secretaría de Cultura actúa en estos casos en cumplimiento de convenios internacionales, leyes nacionales y la Ley Provincial N°3104 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico que establece en su artículo 32º que "los restos mortales de personas pertenecientes a pueblos originarios, que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas, o que sean resultado de potenciales hallazgos en el marco de excavaciones o proyectos que se estén realizando en la Provincia, deberán ser puestos a disposición de los pueblos originarios y/o comunidades de pertenencia que los reclamen".